La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad espera por la resolución judicial sobre 14 pedidos de procesamiento, con 50 implicados, por delitos vinculados al terrorismo de Estado. Entre las causas pendientes se encuentra la que investiga el secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y sus hijos; el asesinato del trabajador rural Óscar Fernández Mendieta, ocurrido en mayo de 1973 en Durazno; el triple homicidio en la causa conocida como las muchachas de abril; la causa que investiga torturas en la base aérea Boiso Lanza; el asesinato del militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) Hugo de los Santos; las causas que investigan torturas en el establecimiento La Tablada y en el centro de detención conocido como 300 Carlos; el homicidio de Luis Batalla, ocurrido en 1972 en el Batallón de Infantería 10, ubicado en Treinta y Tres; la muerte del militante del MMLN-T Gerardo Alter; la participación del médico Ramón Rodríguez de Armas en varios centros de tortura, y el secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien.

“Se ha avanzado mucho más en verdad que en justicia, porque la Fiscalía tiene por lo menos dilucidada casi la totalidad de las causas”, comentó a la diaria el fiscal Perciballe, quien destacó el obstáculo que representa la cantidad de recursos presentados por las defensas de los militares. “Con las condenas que existen, los procesamientos que se dispusieron, los pedidos de procesamiento pendientes y el resto de las causas, generalmente finalizadas en la fase investigativa, me parece que Uruguay ha cumplido con las obligaciones internacionales, obviamente que no en el tiempo y en el plazo que la sociedad y las víctimas entienden que debió haber sido”, agregó.

En los últimos 12 meses hubo 11 procesamientos con prisión por violaciones a los derechos humanos, siete de ellos entre el 20 de mayo y el 31 de diciembre de 2020, mientras que en 2021, que tuvo sólo dos meses de funcionamiento normal del Poder Judicial, se concretaron cuatro procesamientos. Entre los represores procesados con prisión este año se encuentran Eduardo Ferro, Miguel Sofía y Jorge Gundelzoph.

El 22 de mayo de 2020 el juez de primer turno de Florida, Diego Prieto, procesó a los militares retirados José María Cabrera Rivas y Andrés Daniel Quintana García en la causa que investiga torturas contra militantes del movimiento 26 de Marzo en el Batallón de Ingenieros 2 de Florida en 1972. El procesamiento fue sin prisión porque el juez consideró que eran primarios, punto que fue apelado por el fiscal Perciballe, quien obtuvo la prisión de los procesados en el fallo de segunda instancia.

El 10 de junio fue procesado con prisión el militar Leonardo Vidal por el asesinato del militante tupamaro Nelson Berreta, ocurrido el 15 de julio de 1972, cuando recibió un disparo por la espalda en un intento de fuga. La decisión judicial fue cuestionada por Cabildo Abierto y por el ministro de Defensa Nacional, Javier García, quien también manifestó la preocupación del presidente Luis Lacalle Pou por la resolución de la Justicia. En noviembre el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia, considerando que “la orden de disparar por la espalda a un prófugo que corría esposado no puede aceptarse como legítima”.

En julio fue procesado con prisión el exintegrante del Escuadrón de la Muerte Miguel Sofía en la causa que investiga el asesinato del militante tupamaro Héctor Castagnetto, ocurrida en agosto de 1971. Sofía, que estuvo prófugo de la Justicia durante varios años, fue procesado por asociación para delinquir y homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor.

El 13 de julio el juez penal de 22º turno, Nelson dos Santos, procesó con prisión al policía retirado Tabaré Sartorio por su participación en torturas contra militantes de la Unión de la Juventud Comunista (UJC) en 1974, en la ex Guardia Metropolitana.

Dos días después, Dos Santos procesó a los represores Jorge Guldenzoph y José Lemos, este último recientemente fallecido, en la causa que investiga torturas entre 1974 y 1983 en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

La jueza Isaura Tórtora procesó a los militares retirados Nelson Heber Coitinho y Hugo Andrés Garciacelay por un delito de homicidio especialmente agravado en la causa que investiga la muerte de Basilicio López, ocurrida en diciembre de 1975.

El 14 de diciembre el juez Eduardo Gueara procesó con prisión al coronel retirado Mario Ramos y al médico militar Nelson Fornos por torturas en el Grupo de Artillería 2 de Flores. Tras el procesamiento, la Federación Médica del Interior recordó que había denunciado y expulsado a Fornos en mayo de 1986.

El 13 de marzo de este año se concretó el procesamiento del exjefe de Policía de Cerro Largo (2001-2005) Ayelmiro Pereira en la causa que investiga torturas en la ex Guardia Metropolitana.

El 19 de marzo, la jueza penal de 27º turno, Silvia Urioste, procesó con prisión a los militares en situación de reforma Antranig Ohannessian y Jorge Pajarito Silveira por los delitos de abuso de autoridad contra detenidos, privación de libertad, lesiones graves y atentado violento al pudor, contra 28 ex presas políticas.

Urioste también procesó al coronel retirado Eduardo Ferro por los delitos de homicidio muy especialmente agravado, privación de libertad y violencia privada, en la causa que investiga el homicidio del militante comunista Óscar Tassino.

El último procesamiento dictado este año fue realizado a mediados de abril por el juez Nelson dos Santos, quien procesó con prisión a Gavazzo, Silveira y Ernesto Ramas en la causa que investiga torturas contra Daniel Albacete y otros militantes del Partido Comunista del Uruguay, la UJC y el MLN-T, en el marco de la Operación Morgan.